Los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, resolvieron declarar infundada la apelación de Sandro Oswaldo Amorin García, exadministrador de la oficina administrativa de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash y confirmaron el fallo de primera instancia en su contra que lo condenó por peculado de uso a dos años de prisión suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año bajo reglas de conducta.
La acusación fiscal que derivó en la condena, se originó cuando el 26 de mayo de 2017, el ingeniero Amorín García, con el pretexto de realizar un mantenimiento, sin previo requerimiento de la necesidad de parte del área usuaria y sin haber estado comisionado para ello, retiró el vehículo de placa de rodaje B3V-427, marca Daewoo, de las instalaciones del CENFORP Huaraz, con la anuencia de su coacusado Jorge Luis Mantilla Flores, quien era responsable de la CENFORP Huaraz, para darle un uso distinto al servicio para el cual estaba destinado, incluso después de haber dejado el cargo y no tener vínculo con la entidad.
Durante el tiempo en que el bien permaneció en manos del exfuncionario, se perjudicó las clases de los alumnos de la especialidad de mecánica automotriz del Centro de Formación Profesional, quienes utilizaban el vehículo para realizar sus clases prácticas. La unidad fue traída a Chimbote supuestamente para ser reparada, lo que nunca ocurrió.
Por este delito, Sandro Morín fue encontrado culpable, pero su defensa técnica decidió apelar el fallo. La Primera Sala Penal de Apelaciones decidió declarar infundado su pedido y confirmó el fallo de primera instancia, así como la reparación civil de 6 mil soles que pagará de manera solidaria con su cómplice.
Se le impuso cinco años de inhabilitación, por lo que se encuentra impedido para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
Durante el tiempo en que el bien permaneció en manos del exfuncionario, se perjudicó las clases de los alumnos de la especialidad de mecánica automotriz del Centro de Formación Profesional, quienes utilizaban el vehículo para realizar sus clases prácticas. La unidad fue traída a Chimbote supuestamente para ser reparada, lo que nunca ocurrió.
Por este delito, Sandro Morín fue encontrado culpable, pero su defensa técnica decidió apelar el fallo. La Primera Sala Penal de Apelaciones decidió declarar infundado su pedido y confirmó el fallo de primera instancia, así como la reparación civil de 6 mil soles que pagará de manera solidaria con su cómplice.
Se le impuso cinco años de inhabilitación, por lo que se encuentra impedido para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
