Los pescadores del sector pesquero industrial se encuentran en una situación crítica debido a la aplicación de la Ley No 31622, que modifica artículos del Código Penal. Esta normativa, que busca “reforzar la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales”, ha llevado a que muchos trabajadores del sector sean tratados como criminales, enfrentando incluso condenas de pena privativa de libertad o quedándose sin barcos donde trabajar debido a las incautaciones que se realizan. “Los pescadores industriales NO somos criminales”, es el mensaje que los pescadores desean transmitir.
La falta de comprensión respecto a su labor y la mala aplicación de esta ley está generando un clima de inseguridad y desconfianza en un sector que es uno de los más regulados en el país.
Desde la promulgación de esta ley en noviembre de 2022, se han dejado de pescar más de 40,000 toneladas de anchoveta, lo que ha llevado a la pérdida de numerosos puestos de trabajo. La mala aplicación de esta normativa está generando graves perjuicios para la industria pesquera. “Tratar a los pescadores como criminales por infracciones administrativas es desproporcionado. Esta ley, aunque apunta a combatir el tráfico ilegal de especies, se está aplicando de manera que pone en riesgo la actividad pesquera legal y a quienes dependen de ella”, sostienen representantes del sector.
Los pescadores industriales son responsables y cumplen con las regulaciones establecidas. No existe tecnología actual que permita medir con exactitud las tallas de los cardúmenes o verificar si las especies acompañantes exceden los porcentajes establecidos. El Instituto Marítimo de Investigación y Pesca (IMARPE) reconoce esta limitación, y los pescadores informan de inmediato a las autoridades sobre cualquier incidente en sus faenas.
Además, el trabajo en el sector pesquero no es una decisión individual; depende de decisiones de terceros. Si se impusieran sanciones severas a los patrones y capitanes, se estaría penalizando a quienes realizan una labor esencial para el bienestar social y económico del país, como se menciona en el artículo 22° de la Constitución Política del Perú.
Ante esta situación, los pescadores industriales exigen que las autoridades comprendan la particularidad de su trabajo y actúen con justicia. “No pueden dejarnos sin trabajo. El trabajo es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución. La pesca industrial es parte del desarrollo del país, y nuestra labor debe ser reconocida y protegida”, resaltan.
Además, solicitan una revisión de la Ley 31622 y un diálogo constructivo con las autoridades para garantizar que los verdaderos criminales, aquellos que operan en la ilegalidad, sean los únicos perseguidos, dejando de lado a quienes trabajan de manera honesta y regulada en el sector pesquero. “Luchamos por nuestros derechos y por el futuro de nuestras familias. La pesca industrial no es un crimen, es una actividad que alimenta a la población y contribuye a la economía nacional. No dejaremos que nos quiten nuestra voz ni nuestro derecho al trabajo”, concluyen.
La falta de comprensión respecto a su labor y la mala aplicación de esta ley está generando un clima de inseguridad y desconfianza en un sector que es uno de los más regulados en el país.
Los pescadores industriales son responsables y cumplen con las regulaciones establecidas. No existe tecnología actual que permita medir con exactitud las tallas de los cardúmenes o verificar si las especies acompañantes exceden los porcentajes establecidos. El Instituto Marítimo de Investigación y Pesca (IMARPE) reconoce esta limitación, y los pescadores informan de inmediato a las autoridades sobre cualquier incidente en sus faenas.
Además, el trabajo en el sector pesquero no es una decisión individual; depende de decisiones de terceros. Si se impusieran sanciones severas a los patrones y capitanes, se estaría penalizando a quienes realizan una labor esencial para el bienestar social y económico del país, como se menciona en el artículo 22° de la Constitución Política del Perú.
Ante esta situación, los pescadores industriales exigen que las autoridades comprendan la particularidad de su trabajo y actúen con justicia. “No pueden dejarnos sin trabajo. El trabajo es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución. La pesca industrial es parte del desarrollo del país, y nuestra labor debe ser reconocida y protegida”, resaltan.
Además, solicitan una revisión de la Ley 31622 y un diálogo constructivo con las autoridades para garantizar que los verdaderos criminales, aquellos que operan en la ilegalidad, sean los únicos perseguidos, dejando de lado a quienes trabajan de manera honesta y regulada en el sector pesquero. “Luchamos por nuestros derechos y por el futuro de nuestras familias. La pesca industrial no es un crimen, es una actividad que alimenta a la población y contribuye a la economía nacional. No dejaremos que nos quiten nuestra voz ni nuestro derecho al trabajo”, concluyen.
