Áncash.- Mediante cuatro informes de servicio control específico, la Contraloría General detectó que la Municipalidad Provincial de Casma y Pallasca, así como la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Áncash y el Hospital La Caleta de Chimbote contrataron a servidores que se encontraban inhabilitados para trabajar con el Estado. Estas contrataciones irregulares ocasionaron un desembolso por un total de S/ 654 464.
Según el informe de Control Específico N° 065-2024-2-5332, servidores de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) en Áncash y de la Subregión Pacífico permitieron que, entre junio del 2022 y marzo del 2024, un trabajador con impedimento para prestar servicios en el Estado continúe laborando en la DRTPE.
Dicho colaborador fue condenado por la Corte Superior de Justicia del Santa por el delito de peculado de uso en agravio de la mencionada institución e inhabilitado de manera permanente para ejercer la función pública. La misma que fue inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. No obstante, continuó laborando y percibiendo un sueldo, lo que generó un desembolso de recursos por S/ 54 399. Cinco servidores tendrían presunta responsabilidad administrativa y/o sujeta a Proceso Administrativo sancionados (PAS).
De igual forma, en el hospital La Caleta (Chimbote) se evidenció que funcionarios y servidores del nosocomio permitieron que, entre 2018 y 2022, un médico sancionado por el Poder Judicial e inhabilitado para contratar con el Estado por cuatro años continue laborando a pesar de que correspondía su desvinculación inmediata. (Informe de control específico N° 015-2024-2-0830).
Este hecho afectó la seguridad jurídica e integridad pública y ocasionó a la entidad un perjuicio por S/ 449 188. Sobre cinco funcionarios y/o servidores públicos recaería una presunta responsabilidad civil y/o administrativa.
En la Municipalidad Provincial de Casma, se detectó que, entre el 2021 y 2022, se contrató a un proveedor sancionado con inhabilitación permanente desde julio del 2019, inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSCC), a quien se le benefició con cinco órdenes de servicio por un total de S/ 121 000. En cuatro de estas, uno de los requisitos para los participantes era no estar sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado. En este caso, tres funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa. (Informe de control específico N° 019-2024-2-0335)
Entre tanto, mediante el Informe de control específico N°013-2024-2-0341, la Contraloría General reveló que en la Municipalidad Provincial de Pallasca, servidores de dicha entidad permitieron que, entre el 2021 y 2022, un trabajador condenado por el Poder Judicial por el delito de peculado doloso agravado e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, continúe prestando servicios para la institución. Incluso, se le encargaron funciones en diversas áreas, ocasionando un desembolso a su favor por S/ 29 877. Dos funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa.
Los cuatro informes fueron comunicados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y al titular de cada entidad, según cada caso, para que en el marco de sus competencias inicien las acciones necesarias a fin de determinar responsabilidades.
Los informes son de acceso público a los ciudadanos a través del Buscador de Informes de control.
Según el informe de Control Específico N° 065-2024-2-5332, servidores de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) en Áncash y de la Subregión Pacífico permitieron que, entre junio del 2022 y marzo del 2024, un trabajador con impedimento para prestar servicios en el Estado continúe laborando en la DRTPE.
Dicho colaborador fue condenado por la Corte Superior de Justicia del Santa por el delito de peculado de uso en agravio de la mencionada institución e inhabilitado de manera permanente para ejercer la función pública. La misma que fue inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. No obstante, continuó laborando y percibiendo un sueldo, lo que generó un desembolso de recursos por S/ 54 399. Cinco servidores tendrían presunta responsabilidad administrativa y/o sujeta a Proceso Administrativo sancionados (PAS).
De igual forma, en el hospital La Caleta (Chimbote) se evidenció que funcionarios y servidores del nosocomio permitieron que, entre 2018 y 2022, un médico sancionado por el Poder Judicial e inhabilitado para contratar con el Estado por cuatro años continue laborando a pesar de que correspondía su desvinculación inmediata. (Informe de control específico N° 015-2024-2-0830).
Este hecho afectó la seguridad jurídica e integridad pública y ocasionó a la entidad un perjuicio por S/ 449 188. Sobre cinco funcionarios y/o servidores públicos recaería una presunta responsabilidad civil y/o administrativa.
En la Municipalidad Provincial de Casma, se detectó que, entre el 2021 y 2022, se contrató a un proveedor sancionado con inhabilitación permanente desde julio del 2019, inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSCC), a quien se le benefició con cinco órdenes de servicio por un total de S/ 121 000. En cuatro de estas, uno de los requisitos para los participantes era no estar sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado. En este caso, tres funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa. (Informe de control específico N° 019-2024-2-0335)
Entre tanto, mediante el Informe de control específico N°013-2024-2-0341, la Contraloría General reveló que en la Municipalidad Provincial de Pallasca, servidores de dicha entidad permitieron que, entre el 2021 y 2022, un trabajador condenado por el Poder Judicial por el delito de peculado doloso agravado e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, continúe prestando servicios para la institución. Incluso, se le encargaron funciones en diversas áreas, ocasionando un desembolso a su favor por S/ 29 877. Dos funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa.
Los cuatro informes fueron comunicados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y al titular de cada entidad, según cada caso, para que en el marco de sus competencias inicien las acciones necesarias a fin de determinar responsabilidades.
Los informes son de acceso público a los ciudadanos a través del Buscador de Informes de control.
