Gobierno dicta inmovilización social obligatoria en 15 provincias del país durante 5 días. Esto de da pese a que algunos integrantes del Ejecutivo habían descartado aplicar esa medida en el país.

"Declarar por el término de cinco (5) días calendario, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en el marco del Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 143-2022-PCM, en las jurisdicciones y horarios establecidos en el anexo adjunto, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo", se lee en el documento.

El documento está firmado por la presidenta Dina Boluarte, el premier Pedro Angulo, el ministro de Defensa, Luis Otárola, ministro del Interior, César Cervantes y el ministro de Justicia, José Tello.
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Durante la inmovilización social obligatoria, las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

Además, en el toque de queda se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y acuicultura, transporte, vigilancia y seguridad, delivery, restaurantes y hoteles, asistencia, servicios financieros, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y actividades conexas.

“el personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función”.
También se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de 15 muertos y cientos de heridos a una semana de levantamiento social, según la Defensoría del Pueblo.