La Contraloría General determinó que funcionarios y servidores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón tramitaron y autorizaron el pago total por la ejecución de servicios de mantenimiento de infraestructura hospitalaria sin estar culminados ni aplicar las respectivas penalidades por incumplimiento en el 2022. Esto generó un perjuicio económico a la entidad por S/ 429 300 e impide a los usuarios acceder a las atenciones oncológicas.

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Los hechos están referidos a dos procedimientos de adjudicación simplificada para el servicio de acondicionamiento y mantenimiento (en el área ex Cenfotes) de ambientes destinados al funcionamiento de los departamentos de farmacia (unidad de mezclas para atenciones oncológicas) y consultorios externos de oncología y cuidados paliativos en el nosocomio regional (HREGB), según se detalló en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 012-2024-2-0830.
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La buena pro para ambos servicios fue otorgada el 20 de diciembre del 2022 por S/ 347 000 y S/ 340 000, respectivamente, como parte del programa presupuestal “Prevención y Control del Cáncer” con plazo de culminación para el 29 y 30 de enero del 2023. Plazo que no fue cumplido, como se constató en la inspección física realizada por la comisión auditora el 7 de setiembre del 2023 y a la fecha no funcionan.
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El 26 de enero del 2023, cuando los trabajos no se habían concluido, funcionarios del HREGB autorizaron el giro por el monto total del contrato ascendente a S/ 687 000, sin contar con la conformidad de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento como área usuaria, ni haberse cumplido con la prestación de los servicios, lo que trajo como consecuencia el perjuicio económico a la entidad por S/ 429 300.

Además, no adoptaron acciones para ejecutar los cheques de gerencia emitidos por los proveedores a nombre de la entidad ni la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento y cartas fianza que se mantenían en custodia. Se verificó que recién el 15 de enero de 2024, el HREGB procedió a realizar el trámite de ejecución de cheques de gerencia, pero sin cobrar S/333 120 que se había pagado a uno de los proveedores.

El informe de auditoría también reveló que los planos adjuntos a cada expediente contienen la misma información para ambos servicios. Es decir, varios trabajos fueron proyectados y presupuestados en uno de los expedientes de manera total para ambos departamentos, ya que no era posible ejecutarlos independientemente. Entre ellos, la señalización y evacuación, las redes de agua y desagüe, la instalación de tuberías de protección, la instalación de cables hacia todos los tableros de distribución y el cuarto de aire acondicionado.

Además, se detectaron deficiencias técnicas en los expedientes de los servicios como la falta del cuadro de cargas y máxima demanda eléctrica, la omisión de equipos del sistema de climatización, entre otros. No se consideraron el circuito con salidas eléctricas ni los artefactos para iluminación de emergencia, tampoco el proyecto de cableado estructurado que contenga las instalaciones ni los equipos necesarios para el sistema telefónico.

Las situaciones expuestas no sólo transgreden la Norma Técnica de Salud y el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino que el accionar de los servidores públicos también inobservó el reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la Directiva de Tesorería del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y los contratos.

En el informe de control posterior advirtió que el HREGB no cuenta con lineamientos internos que regulen el procedimiento para la inspección y control de la ejecución de los servicios de mantenimiento, acondicionamiento, mejoramiento y similares durante la ejecución de un servicio, lo que genera el riesgo de incumplimiento de contrato e incumplimiento de la finalidad y afectación del servicio público.

La auditoría se encuentra publicada en el Buscador de Informes, corresponde al periodo de evaluación del 1 de octubre del 2022 al 22 de abril del 2023. Fue elaborada por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Áncash y comunicada al director ejecutivo del Hospital Regional EGB para el deslinde de las responsabilidades administrativas de los 12 funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos. Además, al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones penales a quienes correspondan.